SANTO DOMINGO.– El acuerdo firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente extranjeros deportados continúa generando reacciones encontradas entre sectores políticos, académicos y funcionarios del Gobierno.
Organizaciones opositoras como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Comunista del Trabajo (PCT) y dirigentes de Fuerza del Pueblo expresaron preocupación por las posibles implicaciones del memorando de entendimiento en materia de soberanía, seguridad y política migratoria.
El PLD, a través de su secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantés Díaz, afirmó que el país solo conoce el contenido del acuerdo mediante comunicados oficiales y no a través del documento íntegro, por lo que pidió transparencia y la publicación completa del memorando.
En la misma línea, el dirigente peledeísta y exministro de Relaciones Exteriores Andrés Navarro consideró insuficiente la información divulgada hasta el momento y reclamó que la ciudadanía conozca el alcance real del convenio.
Por su parte, el secretario general del PCT, Aquiles Castro, advirtió que el acuerdo podría representar una amenaza para la soberanía nacional, al tiempo que criticó la presencia temporal de personal y equipos militares estadounidenses en territorio dominicano.
El economista e historiador Bernardo Vega calificó el pacto como una señal de presión diplomática de Estados Unidos hacia países aliados para colaborar en el manejo de migrantes deportados de terceros países.
Mientras, el dirigente de Fuerza del Pueblo y ex presidente del PARLACEN, Manolo Pichardo, afirmó que el acuerdo coloca a República Dominicana en una posición delicada frente a intereses geopolíticos internacionales.
En respuesta a las críticas, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió el memorando y aseguró que el mismo fortalece la cooperación bilateral con Estados Unidos sin afectar la soberanía dominicana.
Paliza sostuvo que el convenio forma parte de iniciativas conjuntas vinculadas a seguridad y cooperación internacional, y reiteró que el documento establece claramente que la soberanía nacional “no se cede ni se pone en juego”.
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