SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, consideró que la contratación de energía eléctrica a través de barcazas, amparada en el decreto presidencial de “emergencia nacional” del sector eléctrico, no constituye una solución a la crisis que atraviesa dicho sector.
Pujols explicó que con esta medida no se resuelve el problema de las pérdidas, no se mejoran las redes de distribución ni se adquieren los equipos necesarios.
“Con las barcazas, el gobierno está comprando energías más caras para botar la mitad, porque las pérdidas superan el 40%. Es como si usted estuviera echando agua en un barril sin fondo”, expresó el dirigente peledeísta al responder preguntas en el programa El Despertador.
Señaló que en el decreto de “emergencia nacional” se da mayor importancia a la generación, cuando el principal problema del sector eléctrico es de administración y gestión, aspectos que —afirmó— no se pueden resolver mediante un decreto.
“Nos preocupa que esa medida sea insuficiente y que solamente se convierta en uno de los anuncios a los que nos tiene acostumbrados el presidente Luis Abinader, mientras tanto el pueblo dominicano continúa sufriendo los apagones”, manifestó Pujols, de acuerdo con una nota de prensa.
Recordó que desde 2021 el PLD, al igual que Jaime Aristy Escuder, exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, advirtió sobre la necesidad de incorporar 150 megavatios anuales, pero —según dijo— el gobierno no hizo caso porque hasta 2020 la demanda estuvo satisfecha.
“Desde esa fecha, se comenzaron a contratar barcazas y plantas poco eficientes, con el agravante de que empezaron a vender energía entre 28 y 39 centavos de dólar”, indicó Pujols, subrayando que ese costo es hasta cuatro veces más caro que el de Punta Catalina.
Asimismo, resaltó que el decreto pretende resolver el problema de la generación, pero en realidad crea tres serios inconvenientes: sacrificar la institucionalidad, ya que el gobierno busca resolver algo que debería realizarse mediante licitación; encarecer el precio, al pasar de una producción de 9.5 centavos el kilovatio a más de 28 centavos; y asumir un alto costo medioambiental, debido al nivel de contaminación que generan esas plantas.