Pujols consideró que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades penales sobre la base de pruebas válidas y suficientes
SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) valoró este lunes la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar auto de “no ha lugar” a favor de los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al considerar que la sentencia confirma su posición sobre la insuficiencia de las acusaciones presentadas en su contra.
En ese sentido, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, llamó a la reflexión sobre el uso de los mecanismos de justicia y la necesidad de garantizar el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
A través de un documento titulado “La justicia debe servir a la verdad y no a la política”, el dirigente peledeísta sostuvo que las decisiones emitidas por tribunales en casos que involucran a dirigentes del partido reabren el debate sobre la aplicación de medidas de coerción, la prisión preventiva y la exposición pública de personas sometidas a procesos judiciales.
Pujols reiteró que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades penales con base en pruebas válidas y suficientes, recordando que una acusación no equivale a una condena.
Asimismo, expresó preocupación por lo que calificó como una posible utilización política de la justicia, señalando que en algunos procesos se ha generado una percepción de culpabilidad antes de que exista una decisión definitiva de los tribunales.
El dirigente político cuestionó además el uso de la prisión preventiva en determinados casos, al considerar que esta medida debe mantenerse como excepcional dentro del sistema judicial.
De igual forma, manifestó inquietud por la duración prolongada de los procesos judiciales y la difusión pública de informaciones relacionadas con expedientes en curso, aspectos que —según afirmó— deben formar parte de un debate más amplio sobre las garantías procesales y el fortalecimiento institucional.
Pujols sostuvo que la lucha contra la corrupción debe desarrollarse dentro del marco constitucional y legal, respetando el debido proceso y la independencia del Poder Judicial.
Finalmente, propuso impulsar una reflexión nacional orientada a evitar la utilización política de la justicia, la sustitución de decisiones judiciales por debates mediáticos y la vulneración de derechos fundamentales durante los procesos.
El PLD reiteró su respaldo al fortalecimiento institucional, la independencia judicial y el combate a la corrupción, insistiendo en la necesidad de una justicia imparcial, basada en la valoración objetiva de las pruebas y el respeto a las garantías constitucionales.
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